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Hay decisiones judiciales que, aunque puedan estar amparadas por la ley, resultan difíciles de explicar a la sociedad. La reciente negativa del juzgado a aceptar las protestas de la defensa de la familia de Mohamed Alí, el joven secuestrado y asesinado en enero de 2022, ha vuelto a abrir una herida que para su madre nunca ha dejado de sangrar. Saber que una de las personas condenadas por aquellos hechos puede empezar a disfrutar de permisos penitenciarios es algo que, para muchos, cuesta asumir.

El MDyC ha pedido al consejero Alejandro Ramírez que agilice el pago de los atrasos relativos a las subidas salariales de las Brigadas Verdes. Una petición razonable si se tiene en cuenta que se trata de un dinero ya reconocido y que debería haber llegado hace tiempo a los trabajadores que lo esperan.

Durante años fue una de esas reivindicaciones que en Ceuta se repetían casi por costumbre. Generaciones de ceutíes han escuchado hablar de la necesidad de abrir el puerto a la ciudad, de derribar barreras físicas y mentales que separaban dos espacios que, en realidad, siempre han estado condenados a entenderse. La demolición del último chalet del puerto no es solo el final de un pleito administrativo y judicial interminable; es, sobre todo, el cierre de una etapa que ya se había alargado demasiado.

Hay actos del Partido Popular en Ceuta que parecen reuniones familiares más que eventos políticos abiertos a la ciudadanía. Da igual el motivo de la convocatoria, da igual el cartel o la excusa institucional: las caras que ocupan las sillas son siempre las mismas. El partido insiste en hablar de participación y cercanía, pero lo que se ve desde fuera es un círculo cerrado donde cuesta que entre aire nuevo.