La jornada de este lunes en la Asamblea ha sido, por decirlo suavemente, un auténtico circo. Se ha dado el primer paso para aprobar el presupuesto de la Ciudad para 2026, un trámite que debería ser serio, transparente y orientado al bien común. Pero aquí seguimos, entre gestos grandilocuentes, silencios calculados y un guion que todos conocemos de memoria.
Hoy la diócesis de Cádiz y Ceuta vive un momento de tensión y esperanza: tras la aceptación por parte del Vaticano de la renuncia de Rafael Zornoza, investigado por un presunto caso de abusos, ha sido nombrado administrador apostólico Ramón Darío Valdivia.
El debate sobre la enfermería escolar vuelve a la mesa y vuelve a alzarse la voz reclamando algo tan lógico como necesario: un convenio claro entre la Ciudad y el Ministerio de Educación. No hablamos de una ocurrencia pasajera, sino de una petición que lleva años rondando mientras los centros educativos continúan funcionando con soluciones improvisadas.
En los últimos meses estamos viendo un aumento constante de denuncias y condenas por abusos sexuales. No es que antes no ocurrieran —simplemente, ahora se habla más, se denuncia más y se juzga más. Y aunque eso demuestra que la sociedad empieza por fin a escuchar a las víctimas, también nos deja claro que hay una realidad inquietante: tenemos un problema más profundo del que solemos querer admitir.
La reciente reunión entre el presidente del Gobierno y el secretario general del PSOE de Ceuta ha dejado una sensación clara: en política, las palabras pesan, pero las decisiones pesan más. Ceuta vive una realidad particular, con servicios públicos cuya eficacia marca la vida diaria de miles de personas. Por eso, muchos en la ciudad esperaban que este encuentro no quedara en la clásica foto institucional, sino que sirviera para abrir la puerta a cambios reales.
