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La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha puesto sobre la mesa un problema que llevaba semanas latente en Ceuta: los militares desplegados en la ciudad para apoyar a la Guardia Civil ante la crisis migratoria carecen de un marco claro que les permita ejercer la legítima defensa con medios adecuados y de forma proporcionada. La asociación ha exigido a Defensa que ninguna orden impida ese derecho ante una agresión ilegítima actual o inminente, y reclama además medios, formación y protocolos específicos.

La derecha española ha conseguido construir un relato en el que Ceuta aparece principalmente como una ciudad abandonada a su suerte por el Gobierno central, y en el que la inmigración se presenta como una amenaza indiscriminada a la seguridad, la salud y la identidad nacional.

Esta semana Ceuta ha vivido algo que muchos temíamos desde hace tiempo: un rumor sin confirmar, una nota falsa sobre un supuesto traslado de inmigrantes al Fiscer y a la antigua fábrica de harina, ha bastado para sacar a cientos de personas a la calle, cortar el tráfico y provocar agresiones físicas y verbales contra inmigrantes y periodistas. No hace falta ser mayor para recordar que esto ya lo vivimos, con nombres y consecuencias distintas, en octubre de 1995, en el Ángulo. Que treinta años después sigamos siendo tan vulnerables a un bulo debería preocuparnos mucho más de lo que lo hace.

El Gobierno central ultima en estos días un paquete de ayudas para Ceuta que, sumado, representa una de las mayores inyecciones de fondos que ha recibido la ciudad en los últimos años. El Consejo de Ministros del próximo martes aprobará un fondo de 25 millones de euros destinado a la atención de menores, que servirá entre otras cosas para financiar el traslado de varios cientos de ellos a la Península.