El próximo jueves se cumple un año desde que Pedro Sánchez sorprendió al país con una carta en la que anunciaba que se tomaba cinco días para decidir si merecía la pena seguir al frente del Gobierno. Un gesto sin precedentes que muchos vieron como un movimiento calculado para reforzar su figura, y otros interpretaron como una muestra de agotamiento personal. Sea como fuere, lo cierto es que aquel episodio terminó por consolidar su hiperliderazgo.
El Ministerio del Interior ha decidido responder a la preocupante oleada de agresiones a funcionarios de prisiones con la compra de 100 escudos y 97 cascos. Una medida que, más que una solución, parece una broma de mal gusto. Como si la violencia sistemática dentro de las cárceles se pudiera contener con atrezzo de antidisturbios en lugar de con leyes firmes y respaldo institucional real. Es una forma de hacer ruido sin resolver nada, de maquillar el problema para no salir en las portadas, aunque el precio lo paguen, una vez más, los de siempre: los trabajadores.
Las últimas revelaciones judiciales sobre la actuación —o más bien, la inacción— de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) durante la DANA vuelven a poner a Teresa Ribera en el punto de mira, justo cuando Europa observa con lupa la gestión medioambiental del Gobierno. No se trata solo de una cuestión técnica o administrativa; es la imagen de toda una exvicepresidenta, que durante años ha presumido de liderazgo climático, la que ahora queda tocada por los ecos de una riada que arrasó sin que nadie pareciera estar al timón.
Resulta, cuanto menos, desconcertante escuchar a los expertos hablar de cómo España, una vez más, ha desembolsado importantes sumas de dinero a Marruecos en aras de garantizar la seguridad en su frontera sur. Un titular que, leído desde la distancia, podría evocar imágenes de vallas infranqueables y flujos migratorios controlados. Sin embargo, la realidad que viven a diario los que residen a este lado del Estrecho, tanto en Ceuta como en Melilla, dibuja un panorama muy diferente.
El Consejo de Ministros ha dado este martes un paso importante en la lucha contra la pobreza al aprobar la transferencia de casi 200 millones de euros a las comunidades autónomas para atender a las familias más vulnerables. Estos fondos, destinados a cubrir necesidades básicas como alimentación, higiene, ayuda a domicilio e inserción social, llegan en un momento crítico, con miles de hogares aún sufriendo los efectos de la crisis económica y la inflación persistente. Pero, más allá del anuncio, cabe preguntarse: ¿es esta medida suficiente para paliar un problema estructural?
