El reciente escándalo por la compra de balas por seis millones de euros a una empresa israelí ha dejado un claro damnificado político: el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Su credibilidad, ya erosionada por una cadena de polémicas, ha recibido el tiro de gracia con la enmienda pública impuesta por el presidente Pedro Sánchez, apenas 24 horas después de que Marlaska afirmara con rotundidad que rescindir el contrato era “inviable”.
España no debe elegir bandos, debe elegir la paz.
Lo de Alvise ya roza el esperpento. El tipo que iba de justiciero, que se hartó de señalar con el dedo y venderse como el azote del sistema, ahora está hasta las cejas en un caso de supuesta corrupción. ¿Ironía? No. Hipocresía en estado puro. Porque no hay nada más repulsivo que quien predica moral desde un pedestal podrido.
Algo se resquebraja en el seno del Gobierno de coalición, y no es solo una cuestión de estrategia política, sino de confianza rota. Izquierda Unida lanza una llamada seria a los partidos de Sumar para que se replanteen su papel en un Ejecutivo que, a su juicio, ya no cumple con los principios fundacionales de la alianza progresista. No se descarta una ruptura, y eso es tanto como decir que se abre la puerta a una crisis política en toda regla.
Que el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) haya ordenado la creación de un grupo de trabajo específico para analizar los riesgos que representa Marruecos para España no es, ni mucho menos, un gesto menor. Es, más bien, una señal clara de que las advertencias que durante años se han lanzado desde Ceuta ya no pueden seguir ignorándose en los despachos de Madrid. El riesgo no es hipotético, ni abstracto. El riesgo es real, es constante y, para Ceuta, tiene rostro, frontera y consecuencias directas.
