LA OPINIÓN DE LA VERDAD

Lo ocurrido este jueves en las playas de Ceuta es la consecuencia de una indignación que lleva demasiado tiempo acumulándose. Casi un mes después de la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos, la ciudadanía continúa esperando respuestas mientras contempla cómo parte de quienes llegaron siguen en las calles, en asentamientos improvisados y en distintos puntos de la ciudad. El hartazgo es comprensible. La violencia, sin embargo, no lo es.

Veintisiete días. Veintisiete interminables días después de que Ceuta sufriera una crisis sin precedentes, el Gobierno de España sigue sin ofrecer a los ceutíes una respuesta a la altura de lo ocurrido. La ciudad continúa lejos de la normalidad, como ha reconocido la propia Delegación del Gobierno, pero en Madrid parecen haber encontrado una solución tan sencilla como indignante: donde no caben más personas, se abren más centros. Donde faltan respuestas, se levantan carpas. Donde una ciudad exige recuperar su normalidad, se le pide que siga soportando el peso de una crisis que no ha provocado.

Veintiocho días después de la entrada masiva de personas en Ceuta, el Gobierno sigue sin ofrecer lo que la ciudad reclama con mayor insistencia: certezas, planificación y plazos. A estas alturas, nadie discute que cualquier actuación debe hacerse conforme a la ley ni que es necesario identificar, filiar y tramitar individualmente cada caso. Eso es evidente. Lo que resulta inaceptable es que, después de casi un mes, el Ejecutivo siga limitándose a anunciar reuniones, mecanismos de coordinación y buenas intenciones sin explicar cuándo comenzará el retorno, con qué procedimiento se hará y cuánto tiempo piensa mantener a miles de personas en una ciudad que no tiene capacidad para soportar una situación de esta magnitud.

Hay cosas que cuesta entender. Y una de ellas es que el Gobierno haya necesitado 26 días para darse cuenta de que una crisis como la que está viviendo Ceuta necesita un mando único.