La denuncia realizada por CSIF sobre la supuesta intención de limitar permisos de paternidad en la Policía Local alegando “necesidades del servicio” vuelve a poner sobre la mesa un problema que ya no puede esconderse bajo la alfombra: la falta de planificación y organización dentro de un cuerpo esencial para la ciudad. Cuando un derecho reconocido legalmente entra en conflicto con el funcionamiento ordinario de una administración, la pregunta no debería dirigirse a los trabajadores, sino a quienes tienen la responsabilidad de gestionar los recursos humanos.