La asociación profesional de la Guardia Civil JUCIL exige la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la depuración de responsabilidades políticas tras conocerse el informe de la Policía Nacional entregado en los juzgados sobre la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos en Ceuta a finales de julio.
La asociación profesional de la Guardia Civil JUCIL exige la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la depuración de responsabilidades políticas tras conocerse el informe de la Policía Nacional entregado en los juzgados sobre la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos en Ceuta a finales de julio.
Según JUCIL, el documento elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) recoge que las autoridades habían recibido previamente y por escrito una alerta sobre un «riesgo extremo» de entradas masivas mediante saltos coordinados de la valla y accesos a nado a la ciudad autónoma.
La asociación sostiene que esta advertencia estaba basada en información procedente de fuentes abiertas y redes sociales y considera que fue «completamente desatendida» por el Gobierno.
JUCIL califica de «negligencia inaceptable» la actuación del Ministerio del Interior y considera que, al disponer de información previa sobre una posible entrada masiva, el Ejecutivo debería haber adoptado medidas de refuerzo y planificación para hacer frente a la amenaza.
A juicio de la asociación, la falta de previsión dejó a Ceuta en una situación de «extrema vulnerabilidad», afectó a la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía y volvió a sobrecargar a los efectivos destinados en el perímetro fronterizo.
La organización centra parte de sus críticas en las condiciones en las que, según sostiene, tuvieron que actuar los guardias civiles durante la avalancha. JUCIL afirma que los agentes afrontaron la situación sin los refuerzos, la planificación y el respaldo operativo que, a su juicio, eran necesarios pese a existir una alerta previa sobre el riesgo de una entrada masiva.
Para la asociación, esta situación supone un «desamparo operativo e institucional» y reclama que se investiguen las responsabilidades políticas que pudieran derivarse de la gestión de la crisis.
JUCIL considera además especialmente grave que los agentes continúen afrontando escenarios de elevado riesgo sin que se haya reconocido su actividad como profesión de riesgo. La asociación reclama que se depuren responsabilidades y que se adopten medidas para mejorar la protección y las condiciones de los agentes destinados en la frontera.
La organización asegura que lleva denunciando desde finales de julio la situación generada por la entrada masiva y considera que el contenido del informe policial refuerza sus críticas sobre la gestión previa de la crisis.
JUCIL cuenta, según sus propios datos, con más de 15.000 miembros y centra su actividad en la defensa de los derechos y condiciones laborales de los miembros de la Guardia Civil, además de reclamar la equiparación salarial con otros cuerpos policiales, mejores condiciones laborales y un despliegue eficaz y suficientemente dotado del instituto armado.