Los estados de alarma, excepción y sitio ante el caos de Ceuta

El jurista Francisco Vega Agredano, en un artículo publicado en Law&Trends con el título "Mecanismos legales existentes que pueden ayudar a la vuelta a la normalidad a la ciudad de Ceuta" (que se encuentra disponible en https://www.lawandtrends.com/noticias/administrativo/mecanismos-legales-existentes-que-pueden-ayudar-a-la-vuelta-a-la-normalidad-a-la-ciudad-de-ceuta-1.html), ha analizado con rigor la viabilidad de los estados de alarma, excepción y sitio para hacer frente a la crisis de Ceuta.

Su conclusión, fundamentada en la Ley Orgánica 4/1981, es que el estado de alarma resulta inadecuado, el estado de sitio resulta de muy difícil encaje legal y el estado de excepción sería constitucionalmente la respuesta más proporcionada. Sin embargo, más de un mes después de la entrada masiva, la pregunta que se impone ya no es si estos mecanismos encajan en la Constitución, sino por qué el Gobierno no los ha activado y si, a estas alturas, tendría todavía algún sentido hacerlo. Porque la realidad es que el daño ya está hecho, y el Gobierno, lejos de buscar soluciones excepcionales, ha optado por la vía de menor coste político.

Vega Agredano descarta el estado de alarma, que en su opinión no está previsto para supuestos como el de Ceuta. En cuanto al estado de sitio, el artículo 32.1 de la Ley Orgánica 4/1981 lo reserva para una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía, la integridad territorial o el ordenamiento constitucional que no pueda resolverse por otros medios. El juez sustituto considera que encajar la situación de Ceuta en ese supuesto sería muy complicado, porque el territorio conserva su soberanía bajo control español, su integridad territorial permanece inalterada y la Constitución sigue siendo plenamente aplicable. Una declaración de estado de sitio, advierte, difícilmente sería convalidada por los tribunales, lo que agravaría la ya compleja situación de la ciudad autónoma.

El estado de excepción, por el contrario, sí encaja en el artículo 13.1 de la ley. Vega Agredano señala que se ha visto gravemente dañado el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos de Ceuta, así como el funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Además, el orden público se ha alterado de tal modo que el ejercicio de las potestades ordinarias resulta claramente insuficiente. La declaración del estado de excepción, que requiere autorización del Congreso de los Diputados, permitiría suspender determinados derechos fundamentales, limitar la circulación, prorrogar detenciones y, en virtud del artículo 24 de la Ley Orgánica 4/1981, expulsar a los extranjeros que contravinieran las normas o actuaran en connivencia con los perturbadores del orden público. Y, sin embargo, el Gobierno no lo ha hecho.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha descartado esta vía en, al menos, dos ocasiones. Asesores del Departamento de Seguridad Nacional plantearon declarar el estado de excepción en Ceuta ante la crisis abierta tras la invasión del 30 de julio. La medida habría permitido recurrir a facultades extraordinarias y, en determinados supuestos, expulsar a extranjeros sin seguir los plazos ordinarios de la Ley de Extranjería. Sin embargo, la propuesta fue descartada en agosto por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La opción ni siquiera llegó a las reuniones finales en las que se abordó la respuesta del Ejecutivo. Moncloa terminó decantándose por declarar a Ceuta situación de interés para la seguridad nacional, una figura contemplada en la Ley de Seguridad Nacional de 2015 que no permite suspender derechos ni concede las facultades extraordinarias asociadas al estado de excepción. Esa decisión, como ha señalado el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, solo se explica por ineptitud, irresponsabilidad o para no molestar al vecino con la debida firmeza y contundencia.

Pero hay una cuestión más de fondo: aunque el Gobierno decidiera ahora activar el estado de excepción, ¿serviría de algo? Más de un mes después de la entrada masiva, los miles de inmigrantes que permanecen en Ceuta, entre cinco mil y diez mil según las estimaciones, ya no son una masa indiferenciada que pueda ser gestionada con medidas de excepción. Se han dispersado, se han ocultado, se han integrado en la trama urbana de la ciudad. Muchos han solicitado asilo, un derecho que el artículo 55 de la Constitución no permite suspender ni siquiera en estado de excepción. El estado de excepción habría sido útil para evitar la invasión, para impedir que la masa cruzara la frontera. Pero una vez que la invasión se ha consumado, una vez que el daño está hecho, una vez que las calles de Ceuta ya no son lo que eran, ¿qué puede hacer ya el estado de excepción? Expulsar a algunos, quizás. Pero no devolver la normalidad a una ciudad que ha sido desbordada, no reparar el tejido social que se ha fracturado, no devolver la seguridad a unos ciudadanos que han visto cómo su ciudad era vulnerada.

El Gobierno, que ha descartado el estado de excepción por motivos políticos, se enfrenta ahora a una paradoja: cuanto más tiempo pasa, menos útil resulta la herramienta que ha rechazado. Los inmigrantes que permanecen en Ceuta no son ya una amenaza exterior que pueda ser repelida, sino una realidad interior que debe ser gestionada. Y la gestión ordinaria, con cincuenta expedientes de expulsión al día, prolongará la crisis durante meses. El propio Gobierno ha asumido que la crisis puede extenderse hasta finales de año. Mientras tanto, los ceutíes siguen viviendo en lo que el propio Vivas ha definido como un estado de excepción de facto, pero sin las herramientas legales que permitirían resolverlo. El estado de excepción ya no es la solución. Es el recordatorio de una oportunidad perdida.