La empresa municipal Servilimpce atraviesa un momento decisivo. La limpieza viaria y la recogida de residuos no son un servicio más: afectan a la imagen de Ceuta, a la salubridad de sus calles, a la calidad de vida de los vecinos y a las condiciones laborales de una plantilla esencial. Por eso, cualquier desajuste organizativo, cualquier retraso en la planificación o cualquier duda sobre la cadena de mando acaba teniendo una consecuencia directa en la ciudad.
La empresa municipal Servilimpce atraviesa un momento decisivo. La limpieza viaria y la recogida de residuos no son un servicio más: afectan a la imagen de Ceuta, a la salubridad de sus calles, a la calidad de vida de los vecinos y a las condiciones laborales de una plantilla esencial. Por eso, cualquier desajuste organizativo, cualquier retraso en la planificación o cualquier duda sobre la cadena de mando acaba teniendo una consecuencia directa en la ciudad.
El contexto no es menor. El convenio colectivo de Servilimpce fue publicado oficialmente en el BOCCE número 6601, de 20 de marzo de 2026, con vigencia para el periodo 2025-2028. En el propio expediente consta que la mesa negociadora incorporó observaciones formuladas por la autoridad laboral tras el control de legalidad del texto. Además, el convenio recoge materias sensibles para la plantilla, como revisiones médicas, prevención de riesgos laborales, jubilación, relevo generacional y condiciones de trabajo.
La aprobación y publicación del convenio debería haber supuesto un punto de partida para estabilizar la empresa. Sin embargo, distintas quejas internas apuntan a que la normalización laboral no se ha traducido todavía en una estructura suficientemente clara ni en una gestión plenamente ordenada. El problema, según esas reclamaciones, no estaría únicamente en limpiar más o menos, sino en saber quién decide, con qué respaldo formal, con qué planificación y bajo qué controles.
Uno de los asuntos más delicados afecta a las adaptaciones de puestos de trabajo por motivos de salud. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a proteger de manera específica a los trabajadores especialmente sensibles, teniendo en cuenta sus condiciones personales o estado biológico en la evaluación de riesgos y adoptando las medidas preventivas necesarias. Por ello, cuando existen informes médicos, la empresa debe canalizar esas situaciones con rigor técnico, evitando soluciones improvisadas o decisiones meramente discrecionales.
En una empresa como Servilimpce, donde hay trabajos físicamente exigentes, exposición a cargas, uso de maquinaria, turnos y tareas en vía pública, las adaptaciones no pueden tratarse como una concesión personal. Deben formar parte de un procedimiento interno claro: solicitud, valoración médica o preventiva, informe de aptitud, propuesta de adaptación, resolución motivada y seguimiento. La falta de respuesta o la percepción de que los informes no se atienden con la seriedad debida abre un foco de tensión laboral y puede derivar en conflictos jurídicos con consecuencias para la Gerencia que aún no se ha pronunciado.
A esa preocupación se suma la crítica sobre la calidad del servicio. Las quejas trasladadas apuntan a una limpieza insuficiente en determinadas zonas, falta de homogeneidad en los resultados y dudas sobre los medios utilizados. También se cuestiona la calidad de algunos productos empleados. Esta cuestión exige datos, no impresiones: fichas técnicas, controles de consumo, supervisión de rutas, partes de incidencias, inspecciones del servicio y evaluación real del resultado en la calle.
En paralelo, Servilimpce ha activado licitaciones relevantes. Entre ellas figuran el suministro de vestuario, con un presupuesto base de 672.606,21 euros; el servicio de seguros para la flota, con un presupuesto base de 220.000 euros y un valor estimado de 1,1 millones; y el suministro de combustible para vehículos y maquinaria, con 450.000 euros. La salida a licitación de estos contratos es un paso necesario para ordenar la gestión, evitar soluciones provisionales y reforzar la seguridad jurídica del funcionamiento ordinario de la empresa.
Ahora bien, licitar no basta. La contratación pública resuelve una parte del problema, pero no sustituye a una estructura de mando clara, a una planificación operativa diaria ni a una política de personal coherente. Si la empresa dispone de contratos, pero no de dirección efectiva, protocolos internos, control de calidad y respeto escrupuloso a la prevención de riesgos laborales, el servicio seguirá arrastrando problemas.
Otro punto que requiere aclaración es la coordinación interna. En una sociedad pública, cualquier mando operativo con capacidad real de decisión debe tener funciones definidas, respaldo documental y encaje dentro del organigrama. La existencia de instrucciones informales, mandos difusos o responsables sin delimitación clara genera inseguridad, tanto para la plantilla como para los propios cargos directivos. La limpieza pública necesita autoridad, pero también legalidad, trazabilidad y responsabilidad.
La Ciudad, como propietaria de la empresa y responsable política última del servicio, debe exigir explicaciones claras sobre tres cuestiones: qué estructura tiene actualmente Servilimpce, quién asume cada competencia y qué plan existe para mejorar la calidad de la limpieza. La ciudadanía no puede conformarse con cambios de nombres, relevos de responsables o anuncios genéricos. Lo que necesita son resultados: calles limpias, plantilla protegida, medios adecuados y una organización que funcione.
La Secretaría General y los órganos técnicos han impulsado expedientes que permiten reconducir parte de la gestión mediante procedimientos formales. Ese camino debe consolidarse. La empresa pública no puede funcionar a base de urgencias permanentes ni de decisiones improvisadas. Tiene que trabajar con calendario de contratación, planificación anual, control presupuestario, seguimiento de necesidades y evaluación continua del servicio.
El futuro de Servilimpce pasa por una reforma interna real. No necesariamente por más ruido, sino por más orden. Un organigrama claro, un protocolo de adaptaciones de puesto, inspecciones periódicas del servicio, compras con criterios técnicos, productos homologados, formación de mandos intermedios y una comunicación laboral menos conflictiva son medidas imprescindibles.
La limpieza pública de Ceuta no admite parches. Es un servicio básico y visible, uno de esos ámbitos donde la gestión se mide cada mañana en la calle. Servilimpce nació para garantizar una prestación directa, estable y eficaz. Ahora debe demostrar que esa decisión puede traducirse en una empresa ordenada, transparente y capaz de responder a lo que la ciudad necesita que aún no lo ha hecho.