Varicela, sarna, agresiones, navajazos, cabezas abiertas, denuncias por violaciones, asentamientos improvisados y una sensación de inseguridad que se ha instalado en demasiados rincones de Ceuta. Y, por encima de todo, una cifra que debería sonrojar a quienes tienen responsabilidades públicas: 48 días. Cuarenta y ocho días desde aquel 30 de julio y los caballas siguen esperando una solución que permita recuperar la normalidad.
Varicela, sarna, agresiones, navajazos, cabezas abiertas, denuncias por violaciones, asentamientos improvisados y una sensación de inseguridad que se ha instalado en demasiados rincones de Ceuta. Y, por encima de todo, una cifra que debería sonrojar a quienes tienen responsabilidades públicas: 48 días. Cuarenta y ocho días desde aquel 30 de julio y los caballas siguen esperando una solución que permita recuperar la normalidad.
Ceuta está aguantando. Sus vecinos están soportando una situación extraordinaria con una paciencia que no puede confundirse con resignación. Porque toda sociedad tiene un límite y las administraciones tienen precisamente la obligación de impedir que ese límite llegue a romperse. Cuando durante semanas se acumulan incidentes, preocupación y miedo, dejar pasar los días no es gobernar. Y sería tremendamente injusto que mañana, si se produce algún episodio lamentable, todos corrieran a señalar únicamente al último eslabón de una cadena de tensión que lleva demasiado tiempo creciendo. La violencia nunca puede ser la respuesta, pero prevenirla también exige actuar antes de que la situación se deteriore todavía más.
Y mientras tanto, ¿cuál es el plan? Porque después de 48 días los ceutíes tienen derecho a conocerlo. No basta con habilitar recursos temporales, trasladar personas de un punto a otro o anunciar nuevas plazas. Hace falta seguridad, control sanitario, orden, acelerar los procedimientos legales de retorno cuando correspondan y ofrecer un horizonte concreto. Ceuta no puede convertirse en una enorme sala de espera mientras Madrid administra el calendario.
También ha llegado el momento de revisar hasta el último euro público destinado a las ONG que intervienen en esta crisis. La Ciudad debe fiscalizar convenios, subvenciones, resultados y obligaciones, y retirar cualquier ayuda cuando no se justifique adecuadamente su utilidad o se incumplan las condiciones establecidas. El dinero de los ceutíes exige transparencia y resultados, no cheques en blanco. Y las decisiones sobre financiación pública deben tomarse con criterios legales, objetivos y verificables, no simplemente imitando lo que pueda hacer Marruecos.
Cuarenta y ocho días son demasiados. Ceuta ha demostrado solidaridad, paciencia y una enorme capacidad para resistir una situación que jamás debió prolongarse de esta manera. Ahora les toca demostrar capacidad a quienes gobiernan. Porque pedir eternamente paciencia a una población preocupada mientras las soluciones no llegan no es una política: es dejar que el problema siga creciendo. Y Ceuta ya ha esperado bastante.