España ha alcanzado una escena política difícil de explicar sin que parezca una parodia. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, anima a los ciudadanos a movilizarse incluso contra el Gobierno de España. Sí, contra el mismo Gobierno del que ella forma parte. No hablamos de una dirigente de la oposición ni de alguien que observa los problemas desde fuera: hablamos de una de las máximas responsables del Consejo de Ministros. Si una vicepresidenta considera que hay motivos suficientes para salir a la calle contra su propio Ejecutivo, quizá la primera pregunta debería ser mucho más sencilla: ¿qué hace todavía sentada en él?
España ha alcanzado una escena política difícil de explicar sin que parezca una parodia. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, anima a los ciudadanos a movilizarse incluso contra el Gobierno de España. Sí, contra el mismo Gobierno del que ella forma parte. No hablamos de una dirigente de la oposición ni de alguien que observa los problemas desde fuera: hablamos de una de las máximas responsables del Consejo de Ministros. Si una vicepresidenta considera que hay motivos suficientes para salir a la calle contra su propio Ejecutivo, quizá la primera pregunta debería ser mucho más sencilla: ¿qué hace todavía sentada en él?
Porque gobernar no consiste en ocupar un ministerio cuando toca hacerse la foto y convertirse en manifestante cuando llegan los problemas. Un miembro del Gobierno tiene instrumentos, competencias, reuniones del Consejo de Ministros y capacidad política para intentar cambiar aquello con lo que discrepa. Y si considera que el Ejecutivo al que pertenece no responde a un problema tan grave como el de la vivienda, existe otra posibilidad perfectamente democrática: abandonar el cargo. Lo verdaderamente difícil de entender es pretender ser Gobierno y protesta contra el Gobierno al mismo tiempo.
Esta contradicción retrata hasta qué punto la coalición parece vivir instalada en una pelea permanente consigo misma. Unos gobiernan contra otros, unos ministros presionan públicamente a sus propios compañeros y, cuando una política no funciona, siempre parece haber alguien dentro del propio Consejo de Ministros dispuesto a comportarse como si acabara de llegar. Mientras tanto, el ciudadano contempla el espectáculo y tiene derecho a preguntarse quién asume finalmente la responsabilidad de gobernar.
Pedro Sánchez debería explicar cuánto tiempo considera sostenible esta situación. Porque un Gobierno puede tener discrepancias internas —eso forma parte de cualquier coalición—, pero resulta mucho más difícil defender la normalidad cuando una vicepresidenta llama a movilizarse contra el Ejecutivo al que pertenece. Si las diferencias son tan profundas que necesitan trasladarse de la mesa del Consejo de Ministros a la calle, la legislatura tiene un evidente problema político que no puede ocultarse eternamente detrás de acuerdos de última hora.
Y llegados a este punto, la pregunta sobre unas elecciones resulta legítima. Si quienes gobiernan consideran necesario protestar contra quienes gobiernan; si los socios se comportan simultáneamente como Ejecutivo y oposición; y si ni siquiera dentro del Consejo de Ministros existe una posición suficientemente compartida sobre asuntos fundamentales, corresponde explicar con claridad qué proyecto común queda. Después serán los españoles, cuando sean convocados a las urnas, quienes decidan quién debe gobernar. Eso, al menos, tendría bastante más sentido que contemplar a un Gobierno manifestándose contra sí mismo