El pleno de la Asamblea de Ceuta dedicado a la aprobación inicial de los presupuestos de la Ciudad Autónoma para 2026 se convirtió este lunes en un debate intenso entre el grupo MDyC, representado por su portavoz Fatima Hamed, y la consejera de Hacienda y Economía, Kissy Chandiramani. Las intervenciones han puesto de manifiesto diferencias profundas sobre la interpretación de la situación social y económica de Ceuta y la efectividad de las políticas públicas.
El portavoz de Ceuta Ya!, Mohamed Mustafa, ha cargado este lunes contra el proyecto de Presupuestos de la Ciudad para 2026, que ha calificado como una “nueva edición de los presupuestos de la vergüenza”, y que, a su juicio, vuelven a dejar fuera a “las miles de personas invisibles” para el Partido Popular. Durante su intervención en el Pleno de la Asamblea, el representante de la formación localista ha lamentado que “centenares de millones de euros pasen delante de los ojos de quienes más sufren sin que un solo céntimo alivie su angustia”.
El PSOE de Ceuta, a través de Ricardo Navarro, responsable de deportes, denuncia “ la discriminación sufrida hoy por los niños y jóvenes del PROI en la Media Maratón Ciudad de Ceuta, una prueba presentada como inclusiva pero que ha demostrado un trato inadmisible hacia las personas con discapacidad”.
La consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, Kissy Chandiramani, defendió este lunes ante el Pleno de la Asamblea que los Presupuestos Generales de la Ciudad para 2026 representan “un paso decisivo hacia una Ceuta más equilibrada, más inclusiva y mejor preparada para los desafíos del futuro”. Lo hizo en una intervención marcada por el tono social y el reconocimiento al “esfuerzo y la resistencia” de los ceutíes.
Ante la invasión migratoria que sufre Ceuta y que, lejos de remitir, se ha incrementado en los últimos años, colapsando la ciudad, desde VOX pedirán cuentas al Gobierno de Juan Vivas en la próxima sesión de control. Para la formación “resulta esencial “ que el Pleno conozca las actuaciones —y, en su caso, carencias— del Gobierno del PP en coordinación con el Estado “para desburocratizar y reforzar los mecanismos de expulsión y retorno de inmigrantes ilegales, garantizando eficacia, legalidad y respeto a derechos fundamentales”.
