Se cumple un año desde que el Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Ceuta acordó la creación de una Comisión con la finalidad de diseñar y recorrer el trayecto que debe culminar con la incorporación de los miembros de la Brigadas Verdes a una empresa municipal.
Este mes de marzo nos trajo la triste noticia del fallecimiento del último Soldado perteneciente al Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas número 3 de Ceuta, Ahmed Hassan Mohamed.
La semana pasada, el MEFP, a través de su Directora Provincial de Melilla, hizo público un nuevo “hecho histórico” (esto se ha puesto de moda, cualquier nimiedad es tildada de histórica en un claro desprecio a una disciplina seria y trascendente como es la historia). Según se anunció, “Ceuta y Melilla tendrán representación en el Consejo Escolar del Estado”. Así dicho, se podría calificar de una buena noticia. De un impacto práctico muy limitado, pero, sin duda, se trataría de un avance en el intento de homologarnos con el resto de territorios españoles. Sin embargo, cuando descendemos al detalle de lo avanzado comprobamos que se trata de una nueva humillación. En este caso con el agravante de que nos deben considerar idiotas.
Ante la falta de acuerdos para aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, el actual Ejecutivo ha optado por prorrogar las cuentas vigentes, una decisión que debería despertar sospechas sobre su verdadero propósito. ¿Se trata de una imposición por falta de apoyos parlamentarios o es una estrategia calculada para gobernar con mayor flexibilidad a través de decretos? Más allá de los tecnicismos, la ciudadanía se debería preguntar hasta qué punto los políticos están dispuestos a anteponer sus propios intereses al bienestar de nuestro país.
El 21 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, una fecha establecida por Naciones Unidas en 1966 en memoria de la masacre de Sharpeville, donde 69 personas fueron asesinadas por el régimen del apartheid sudafricano mientras protestaban pacíficamente contra las leyes de pases, que discriminaban a la población negra restringiendo su libertad de movimiento y relegándola a una ciudadanía de segunda clase.
