El Gobierno ha aprobado, por fin, la subida salarial adicional del 0,5% para más de tres millones de empleados públicos. Una subida que, siendo sinceros, llega tarde y se queda corta. No es un regalo ni una concesión generosa: es el cumplimiento de un compromiso firmado y supeditado a la evolución de la inflación. Es decir, no es que se premie el esfuerzo de los trabajadores públicos, sino que apenas se intenta compensar —mínimamente— la pérdida de poder adquisitivo que vienen arrastrando desde hace años.