Queda cada vez más claro que este Gobierno no tiene ningún interés en la transparencia. Cuando una asesora de Moncloa se alinea con la Fiscalía para frenar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el análisis de los correos de Begoña Gómez, lo que se desprende es un mensaje inequívoco: hay algo que no quieren que salga a la luz. Y en democracia, cuando un gobierno teme la verdad, lo que está en juego es la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
El último sondeo del CIS es, cuanto menos, para ponerse a temblar… pero no por la realidad que refleja, sino por la desfachatez con la que se ha cocinado. Según este “estudio”, el PSOE se dispara nueve puntos por encima del PP, mientras que este último firma su peor resultado de la legislatura. Y claro, uno no puede evitar preguntarse: ¿alguien se cree de verdad estos números? Porque si hay alguien que no se ruboriza con esto, ese es José Félix Tezanos, el artífice de un CIS que cada vez huele más a manipulación descarada.
El Tribunal Supremo ha tomado la valiente decisión de sentar en el banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración de información contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. Que un fiscal en activo pueda ser juzgado es algo insólito en España, pero todavía más grave es que alguien que ocupa la más alta posición de la Fiscalía se vea involucrado en un escándalo de este calibre. La ética y la imparcialidad deberían ser la columna vertebral de su cargo, y sin embargo, lo que tenemos es justo lo contrario: un ejemplo de abuso de poder y falta de escrúpulos.
Cada vez que Begoña Gómez abre la boca, la investigación en su contra parece ganar peso. Lo que a simple vista quiso sonar como un “favor excepcional” de su asesora, en realidad deja al descubierto un cúmulo de ilegalidades que resultan difíciles de justificar. No se trata ya de matices, sino de una cadena de actuaciones que claramente cruzan la línea de lo permitido y lo éticamente aceptable.
Que la esposa del presidente del Gobierno tenga que pedir a la Audiencia de Madrid que impida a la UCO analizar sus correos electrónicos no es solo un hecho llamativo, es una verdadera vergüenza que debería preocupar a cualquier ciudadano que crea en la transparencia. En una democracia, nadie debería sentirse por encima de la ley, y menos aún la persona que ocupa el círculo más cercano del jefe del Ejecutivo.
