El relato es claro: el Consejo General del Poder Judicial avisó en enero y febrero de problemas en las pulseras antimaltrato, y aun así el Ministerio de Igualdad no movió ficha hasta que la polémica estalló en los medios. Las cartas, los informes y las reuniones están documentados. No hablamos de rumores, hablamos de advertencias oficiales que fueron aparcadas en un cajón.
UNA VERGÜENZA.
En política, la estrategia de algunos parece haberse convertido en un juego de tensiones constantes. Cuando quienes deberían buscar soluciones se dedican a enfrentar y polarizar, los ciudadanos terminamos pagando el precio de la inestabilidad. No se trata solo de diferencias de criterio: es la sensación de que la confrontación se ha vuelto un fin en sí mismo.
España ha vuelto a ser humillada en Bélgica. Junts mantiene su ‘no’ a los Presupuestos y el mandato de Sánchez sigue agonizando, mientras José Luís Rodríguez Zapatero regresa con las manos vacías tras reunirse con Puigdemont, un prófugo que nunca debería haber sido recibido por nadie en nombre de España. Esto no es política: es un espectáculo indignante que avergüenza a cualquier ciudadano con un mínimo de sentido común.
María Jesús Montero ha salido a pedir “discreción” en unas conversaciones que, vistas desde fuera, huelen más a teatro que a política seria. Habla de que todo debe desarrollarse “en buenos términos”, como si los intereses de España fueran un juego de salón y no la integridad de la nación. Es incomprensible que una ministra de Hacienda, encargada de velar por los recursos del Estado, se dedique a poner paños calientes en lugar de exigir respeto por la ley.
