Las palabras de Pedro Sánchez llamando a “defender la democracia” frente a guerras y desigualdad suenan bien, incluso necesarias. Pero el problema no está en el discurso, sino en la coherencia. Porque no basta con invocar grandes principios si luego la práctica política va en dirección contraria.

Resulta difícil tomarse en serio ese llamamiento cuando el propio Gobierno ha abusado del decreto ley como vía habitual para sacar adelante medidas, esquivando en muchas ocasiones un debate parlamentario más profundo. Gobernar así puede ser legal, sí, pero distorsiona el equilibrio institucional y reduce el papel de las Cortes a un mero trámite.

Tampoco ayuda la forma en que se han gestionado los apoyos para mantenerse en el poder. Pactar es parte del juego democrático, pero hacerlo a cualquier precio genera dudas legítimas. Cuando esos acuerdos implican cesiones controvertidas o contradicen compromisos previos, la sensación no es de fortalecimiento democrático, sino de oportunismo político.

Por eso, cuando se habla de “no basta con resistir, hay que proponer”, la frase queda vacía si no va acompañada de una forma de gobernar más respetuosa con las reglas del juego y con la confianza de los ciudadanos. La democracia no se defiende solo con palabras grandilocuentes, sino con hechos consistentes.

Al final, la credibilidad lo es todo. Y en política, especialmente cuando se apela a valores tan fundamentales, las contradicciones pesan más que cualquier discurso bien construido.

Que Pedro Sánchez recurra ahora al სიტყვ término “traición” dice más de la situación política que de sus adversarios. No por el contenido de la crítica, sino por la evidente contradicción de quien la pronuncia. Resulta difícil aceptar lecciones de lealtad institucional de un presidente cuya trayectoria reciente ha estado marcada, precisamente, por continuos giros y cesiones que han desdibujado sus propios compromisos.

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Hay algo que conviene dejar claro desde el minuto uno: cuando uno acepta un cargo como el de Félix Bolaños, también acepta dejar en la puerta buena parte de sus opiniones personales. No porque deje de tenerlas, sino porque su peso institucional ya no es el de un ciudadano cualquiera. Por eso chirría —y mucho— escucharle justificar que “tiene su opinión” mientras arremete contra la actuación del juez Peinado.

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La política española vuelve a sacudir titulares con un nuevo episodio incómodo. La Audiencia de Valencia ha confirmado el procesamiento del hermano de Ximo Puig por presunta estafa y falsedad. No es una sentencia, conviene recordarlo, pero sí un paso judicial que añade más ruido a un panorama ya bastante saturado de sospechas y desconfianza.

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El tono lo dice todo. Cuando un gobierno decide subir el volumen contra un juez, algo se rompe en la conversación democrática. No es solo una cuestión de formas —que también—, es una cuestión de fondo: el respeto a la separación de poderes. Y cuando ese respeto se diluye, lo que queda es ruido, sospecha y un deterioro evidente de la confianza pública.

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Ceuta, Viernes 04 de Septiembre del 2026

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