La ministra de Política Territorial y Función Pública y los representantes sindicales de CSIF, UGT y CIG, han suscrito por vía electrónica el acuerdo sobre las medidas para adecuar el funcionamiento de la Administración General del Estado (AGE) y la reincorporación de su personal en la etapa de la nueva normalidad, en las modalidades tanto la ordinaria presencial como la no presencial, que se recogen en una nueva Resolución del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública.
Desde Caballas emitían un comunicado de prensa para expresar su parecer acerca de la gravedad de la crisis en la que ya se está viendo sumida España y el resto de países del mundo, como consecuencia del COVID-19, y el contexto político caracterizado “por una derecha que se ha radicalizado bajo el influjo de la extrema derecha, eligiendo la confrontación en lugar de la cooperación, son los principales elementos que van a condicionar la gestión de un tiempo político de evidente importancia para el conjunto de los españoles”.
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado un Real Decreto por el que se regulan las bases de la segunda edición de Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (MOVES II). El plan, elaborado con la participación de las comunidades autónomas y el sector, ha ampliado su dotación en un 222%, pasando de los 45 millones de la edición anterior a una dotación de 100 millones de euros.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto-ley por el que se crea el Fondo COVID-19 de 16.000 millones de euros para las Comunidades Autónomas con el que se financiará el coste de la pandemia y se compensará la caída de los ingresos de las regiones por la menor actividad económica. El objetivo de este fondo es garantizar que las CCAA cuentan con los recursos necesarios para seguir prestando servicios públicos esenciales de calidad.
Desde Caballas hacían público un comunicado de prensa en el que explicaban que “la implantación del Ingreso Mínimo Vital supone un paso de incuestionable trascendencia en la consolidación del Estado del Bienestar. La garantía de que todos los ciudadanos dispongan de unos ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas y vivir dignamente, es una conquista social de enorme valor. A pesar de las reticencias y críticas de algunos sectores y partidos que, anclados en ideologías exterminadoras, se siguen resistiendo a aceptar la solidaridad como principio inspirador de la democracia. Esta iniciativa, por su carácter universal, se va a convertir en la piedra angular del sistema de protección social en el conjunto del país. Y esto conlleva la obligación de redefinir la política de Servicios Sociales en cada comunidad. Ceuta ni puede ni debe ser una excepción en este sentido”.
