El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dictó el pasado 4 de junio una resolución de carácter reservado por la que acuerda la adquisición, por 1,5 millones de euros, de material policial para su posterior donación a siete países africanos con el fin de ayudarles a combatir la inmigración irregular que parte o atraviesa sus territorios con destino a España.
El portavoz del Gobierno, Alberto Gaitán, comparecía ante los medios de comunicación para dar cuenta de la sesión de Consejo de Gobierno celebrada en la mañana de hoy como cada viernes.
Un migrante muerto, tres heridos y tres guardias civiles lesionados. Este ha sido el saldo del último intento de asalto a la valla fronteriza de Melilla protagonizado este jueves por unos 300 subsaharianos. Antes, entre el viernes 24 y el sábado 25 de julio más de 800 inmigrantes ilegales argelinos llegaron a las costas españolas y desde el 1 de agosto, son casi 2.700 las personas llegadas a España de forma irregular. Una realidad ya pronosticada por VOX, que en Ceuta se conoce muy bien, y que es el como resultado del efecto llamada provocado por la irresponsable política gubernamental.
El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, se ha reunido con el cónsul general de Francia en Madrid, Cédric Prieto, y la cónsul honoraria de Francia en Málaga, Nathalie Hadj. También ha tenido la oportunidad de reunirse con el cónsul general de Francia la Delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, quien dentro de la ronda de contactos que está manteniendo con diversas autoridades españolas se ha desplazado hasta nuestra ciudad para conocer de cerca la realidad de Ceuta.
"Según ha podido conocer el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), el Ejecutivo Local va a proceder a reconocer extrajudicialmente las deudas que mantiene con la entidad estatal de Correos por los servicios que ha prestado en el año 2019. Mientras que otros proveedores del Ayuntamiento deben acudir a los juzgados para cobrar los servicios u obras que han realizado, lo que les provoca en muchos casos unas pérdidas que les conducen al cierre o a no presentarse a nuevos concursos de la administración local por no poder afrontar la financiación de sus gastos ante la falta de pago del Gobierno".
