El debate sobre la protección efectiva de los consumidores ha llegado a España. Y lo hace tras la propuesta que la Comisión Europea puso encima de la mesa el mes de abril con la renovación de varias directivas sobre la acción colectiva, cláusulas abusivas, contratación online, prácticas desleales y la modernización de los derechos de los consumidores, según ha explicado ADICAE en un comunicado.
El 16,4% de los españoles mantiene una parte de sus ahorros para la jubilación en Planes de Pensiones Individuales (7,6 millones de cuentas de partícipes), un porcentaje que se eleva al 20% si incluimos los Planes de Pensiones de empleo, según los datos recogidos en el informe del Observatorio Inverco sobre la inversión en Planes de Pensiones Individuales por CC.AA y provincias, a cierre de 2017. En La Rioja, Castilla y León, Aragón y Madrid, más del 20% de su población ahorran a través de Planes de Pensiones Individuales.
La Ciudad ha iniciado ya el trámite para establecer una contribución especial para la ampliación y mejora del Servicio de Extinción de Incendios, proveniente del 5 por ciento de las primas contraincendios de las compañías aseguradoras, con la aprobación inicial de la ordenanza este jueves por parte del Pleno de la Asamblea.
El Grupo Popular de la Asamblea ha votado en solitario a favor de la aprobación de la cuenta de 2017 elaborada por el Gobierno. La consejera de Economía, Hacienda y Administración Pública, Kissy Chandiramani, ha destacado algunos aspectos del documento que ha estado 23 días en exposición pública y no ha recibido alegaciones. El documento ha sido aprobado con los votos en contra de toda la oposición que ha coincidido en señalar que la Cuenta General no refleja la realidad y que ha sido elaborada sólo para cumplir el trámite al que obliga la ley.
La sección nº 28 de la Audiencia Provincial de Madrid deliberará y votará el 26 de septiembre el fallo sobre el recurso que Bankia interpuso contra la sentencia del juzgado de lo Mercantil que dio la razón a ADICAE por la venta masiva de deuda subordinada de Caja Madrid, y en la que condenaba a la entidad a devolver a las víctimas las cantidades defraudadas más intereses.
