El Ingreso Mínimo Vital se puso en marcha en plena pandemia y ya no es una respuesta de emergencia, es una política pública sólida, viva y necesaria que seguirá evolucionando para proteger mejor a quienes más lo necesitan, para combatir la y la exclusión social en nuestro país. Desde la entrada en vigor de esta política, la Seguridad Social ha destinado 15.348,6 millones de euros al abono de las nóminas de esta prestación.
