Cada día son más los juristas que recelan de las sucesivas prórrogas de un Estado de Alarma que recorta derechos constitucionales a una población desmoralizada por el alargamiento desproporcionado de un estado que cada vez se asemeja más al de excepción. Una población que observa, cada vez con mayor indignación, como el Gobierno social comunista avanza en su programa contra las libertades individuales, la propiedad privada y el estado de derecho que tanto trabajo les costó alcanzar tras cuarenta años de totalitarismo.
