El Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta ha dejado visto para sentencia el procedimiento judicial seguido contra el exconsejero de Sanidad Javier Guerrero, acusado de un presunto delito de injurias y calumnias contra Julio Rodríguez, director del Centro de Acogida de Menores La Esperanza. Con ello, se cierra una fase más de un proceso que ha estado rodeado de gran repercusión mediática, tensiones entre las partes y un trasfondo complejo que ha generado divisiones en la opinión pública.
El juicio por el asesinato de María de los Ángeles L., funcionaria judicial asesinada en marzo de 2022 en la barriada Parques de Ceuta, vivió este viernes una de sus jornadas clave con la comparecencia de los peritos de la defensa. El foco estuvo sobre dos rostros conocidos de los platós televisivos: el doctor José Cabrera, psiquiatra y médico forense habitual en programas como Cuarto Milenio u Horizonte, y el especialista en balística José Jiménez Planelles. Sin embargo, lejos de apuntalar la estrategia de la defensa, sus intervenciones sembraron más dudas que certezas.
La reciente Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, introduce como novedad principal la obligatoriedad de acudir a un sistema de resolución de controversias no jurisdiccional (MASC) antes de presentar demanda en los tribunales, desde el pasado 3 de abril. En materia de consumo es suficiente con presentar la reclamación extrajudicial.
La madre y la hermana de Alonso G., el agente de la Policía Local acusado de asesinar a su esposa de un disparo con su arma reglamentaria en marzo de 2022, han declarado este miércoles en la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta, alineándose con la estrategia de la defensa: señalar a la hija del matrimonio como la autora del disparo.
El Juzgado de lo Penal número 2 ha iniciado este jueves el segundo juicio contra el médico y ex político Javier Guerrero, acusado de injurias y calumnias por el director del Centro de Realojo Temporal (CRT) La Esperanza, Julio Manuel Rodríguez. El proceso judicial surge a raíz de unas declaraciones realizadas por Guerrero en septiembre de 2022, en las que acusó a Rodríguez y a Rafael Gallardo, entonces director del centro Samu-La Esperanza, de coaccionar y extorsionar a menores y trabajadores para perjudicarle en la investigación que afronta por presuntos abusos sexuales.
