Cuando un fiscal general borra sus propios mensajes y correos electrónicos en plena investigación, algo huele mal. Álvaro García Ortiz, en su declaración ante el Tribunal Supremo, reconoció que eliminó sus chats "por seguridad", amparándose en un protocolo de protección de datos. Pero cuando la Guardia Civil revisó sus dispositivos y encontró "cero" mensajes, quedó claro que no se trataba de una precaución rutinaria, sino de una limpieza a conciencia.