Lo que está ocurriendo en Ceuta con los menores migrantes no tiene justificación posible. Ver a jóvenes que han huido de sus países en busca de una vida mejor, realizando trabajos peligrosos y sin protección es indignante. Estos chicos están bajo la tutela de la administración pública, y la primera obligación de un estado civilizado es proteger a sus menores, no explotarlos ni permitir que otros lo hagan. Lo que estamos viendo es una violación de sus derechos más básicos, y la respuesta de quienes deberían cuidar de ellos ha sido, en el mejor de los casos, una total indiferencia.